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El PSOE y los grupos ecologistas estudian juntos el recurso de inconstitucionalidad

«Una ley en fraude de ley», «las leyes s?lo tienen sentido si son de aplicaci?n general», «no respeta la divisi?n de los tres poderes del Estado», «formalmente es una declaraci?n de intenciones pero no es aplicable». La ?ltima reforma de la Ley de Ordenaci?n del Territiorio genera muchas dudas respecto a su aplicaci?n y a si respeta los preceptos constitucionales.

El secretario general del PSOE en Castilla y Le?n, ?scar L?pez, adelant? que su partido est? recabando todos los argumentos posibles para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra lo que este partido considera «un atropello cometido gracias al uso del rodillo» en el parlamento auton?mico, donde el Partido Popular tiene mayor?a absoluta. L?pez record? que «hay tres meses» para estudiar las bases de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, decisi?n que se conocer? en la pr?xima Ejecutiva regional. Paralelamente, el grupo socialista en las Cortes trabaja con varios grupos ecologistas interesados en parar la citada reforma normativa que, entre otras cosas, evitar? que las oeneg?s del medio ambiente tengan posibilidad de recurrir proyectos ante la jurisdicci?n ordinaria. «Ha pasado muy oculta, pero ha sido un verdadero engaño porque hay mucho y muy gordo», alerta el procurador socialista Francisco Ramos, parlamentario que defendi? la abstenci?n de su grupo en las votaciones de esta proposici?n de ley, que s? votaron los procuradores leonesistas Joaqu?n Otero y H?ctor Castresana, del grupo Mixto.

Ramos denunci? que, a partir de ahora, «cualquier plan regional se aprobar? por ley con la mayor?a parlamentaria y as? quedar? blindado ante la tutela judicial y eso supone una grave alteraci?n de la normalidad democr?tica». Seg?n su interpretaci?n, «el Gobierno auton?mico no gobernar?, sino que lo har? el parlamento a trav?s de su grupo; esto es acabar con la divisi?n de poderes». A tenor del nuevo marco legal, el PSOE se teme tres nuevas leyes para impulsar proyectos alentados desde la Consejer?a de Medio Ambiente: ley para aprobar las directrices de ordenaci?n del territorio de la montaña central cant?brica, ley del PORN de Fuentes Carrionas que proh?be el esqu? alpino en San Glorio y ley para aprobar el macrocomplejo invernal, para el que adem?s ya ha anunciado la participaci?n econ?mica en el capital social de Tres Provincias, que necesita cien millones de euros para construir la estaci?n.

«Con este marco no se atraer? a inversores competitivos y con futuro porque no hay garant?as jur?dicas de ning?n tipo», sentenci? el procurador socialista.

Dos magistrados consultados coinciden en que se podr?a hablar de «una ley en fraude de ley» porque el control judicial de la Adminsitraci?n est? contemplado en la Ley de la Jurisdicci?n Contencioso-Administrativa y de otra manera se estar?a produciendo «la captaci?n del poder Legislativo por el Ejecutivo». Adem?s de que «no se puede gobernar desde el Parlamento». En opini?n de ambos «no parece posible» que la nueva reforma legal aprobada en las Cortes pase el filtro del Tribunal Constitucional. Blindar con leyes regionales determinados proyectos podr?a vulnerar el art?culo 106 de la Constituci?n Española, que deja en manos de los tribunales el control sobre la actuaci?n administrativa.

El catedr?tico de Derecho Administrativo Carlos Gonz?lez-Ant?n subraya que los cambios introducidos «impiden que se puedan impugnar» planes y proyectos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le?n, no s?lo los grupos ecologistas, sino tambi?n los ayuntamientos y diputaciones. En su opini?n, se trata de una ley especial que va en contra del principio de funcionamiento de la legalidad. «Aunque se cumple la normativa, no se puede recurrir. Es una ley en fraude de ley», indica en coincidencia con los jueces. Esto significa que la Administraci?n sube de rango una decisi?n adminsitrativa a ley para que ning?n juzgado ni tribunal ordinario puedan deliberar sobre su legalidad. Asimismo, este abogado especializado en medio ambiente destaca que «una ley s?lo tiene sentido si es de aplicaci?n general. No es normal que la ordenaci?n del territorio tenga el mismo rango de ley que una general». Y lo extiende a las concentraciones parcelarias, a los cielos abiertos...

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