El Tribunal supremo, la m?xima autoridad en Derecho de nuestro pa?s ha dado la raz?n a los grupos ecologistas en el caso San Glorio ratificando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le?n.

El tribunal dice que no hay informes que avalen el cambio en el PORN -Plan de Ordenaci?n de los Recursos Naturales del Parque Natural de Fuentes-carrionas- original que prohib?a la construcci?n de estaciones de esqu? alpino y ratifica las sentencias del TSJCYL que ya dictaminaron en su d?a que el cambio, que permit?a la estaci?n de esqu?, fue injustificado e ilegal.

Se da la paradoja que entre un fallo y otro, la Junta, para evitar someterse al poder judicial -los jueces-, utiliz? el poder legislativo -las cortes-, aprobando una ley exactamente igual al decreto que hoy el tribunal supremo ha dicho que no es v?lido.

Mediante la aprobaci?n de esta Ley, lo que hace es impedir que los particulares o las asociaciones  puedan recurrir ante el juez, as? y en el caso de San Glorio, La Junta, sabedora de no tener la raz?n, eligi? el camino del totalitarismo que no es otro que no dejar hablar, no dejar defenderse a la parte contraria, en este caso, las asociaciones ecologistas que manten?an un pleito por este asunto.

As?, por v?a legislativa no cabe que los particulares o las asociaciones interpongan recurso ante los tribunales ordinarios de justicia ya que contra una ley s?lo se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y esto s?lo lo puede hacer el defensor del pueblo, 50 diputados o el presidente del gobierno.

As?, de esta manera, por ley, se busca solo tener ?xito, conseguir su fin, sin atender a razones jur?dicas, con lo que este acto dinamita el derecho mismo ya que se niega a los particulares y asociaciones el derecho fundamental a defenderse -tutela judicial efectiva-,  y ofende y niega cualquier posibilidad de justicia, creando una sensaci?n, ya no solo entre los implicados en este asunto, sino entre cualquier persona de bien, est? a favor de la estaci?n de esqu? o no, de falta de libertad y de falta de defensa de los valores esenciales en cualquier democracia.

¿Es una soluci?n acallar al otro, no dejarle hablar y m?xime cuando los tribunales le han dado la raz?n en derecho? Parece que estamos hablando de otro tiempo o de otro pa?s.

Tenemos que advertir que las sentencias son de obligado cumplimiento para todos, incluida por supuesto la Administraci?n P?blica, y que ?sta, al valerse de las cortes para vulnerar lo dispuesto por los tribunales, est? quebrantando el principio del estado de derecho.

Act?a en este caso como agravante de esta actitud el empecinamiento por favorecer un proyecto privado, que derrochar?a fondos p?blicos, recursos, que hoy m?s que nunca deben ser empleados correctamente.

No es ejemplo de buen hacer el dilapidar m?s de 8 años en tribunales sin buscar alternativas para el desarrollo sostenible de la zona, sin haber dado m?s opciones, sin hacer estudios rigurosos, valga como ejemplo el incumplimiento de la obligaci?n legal para la Junta de  redactar los instrumentos de ordenaci?n y gesti?n del Parque Natural durante 13 años desde la aprobaci?n del PORN, y que s?lo existan unas lamentables DOT aprobadas en marzo de 2011 redactadas con escaso rigor, mediante el sistema de corta y pega y con el ?nico fin de dar cabida a la estaci?n de esqu?.

No es ejemplo de buena gesti?n en absoluto, el querer participar con el dinero de todos en la empresa privada que se formar?a para la gesti?n de la estaci?n, que como decimos es ilegal y econ?micamente inviable.

Desde un an?lisis riguroso no tiene l?gica posible; jur?dicamente el tribunal Supremo ya ha dicho que es una barbaridad injustificada e ilegal, la gesti?n de este tema est? siendo desde un punto de vista profesional lamentable y a pesar de las palabras del consejero de Fomento el tema a?n est? muy lejos de resolverse.

Hay que recordar a este mismo consejero que estamos inmersos en una crisis creada precisamente por proyectos megal?manos, sin ninguna rentabilidad, il?gicos e Injustificados como ?ste.

Los grupos ecologistas y ciudadanos que creemos en la defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales seguiremos utilizando las v?as legales existentes para que prevalezca la justicia tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo.