El Presidente Juan Vicente Herrera y las Cortes de Castilla y León vulneraron derechos fundamentales para permitir una estación de esquí en la puerta de los Picos de Europa

Ecologistas en Acción exige la dimisión del Presidente de Castilla y León y los portavoces parlamentarios popular y socialista, Carlos Fernández-Carriedo y Ana Redondo

 Castilla y León es la Comunidad que más legisla contra la Constitución, para favorecer a grandes empresas como ACS, Isolux Corsán ó Eulen en proyectos declarados ilegales

Cinco años después de la aprobación de la Ley 5/2010 de Castilla y León por la que se permitió la implantación de estaciones de esquí alpino en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, para allanar el camino al proyecto de la estación de esquí de San Glorio, entre Cantabria, León y Palencia, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional dicha Ley 

 En la cuarta sentencia que dicta anulando leyes “a la carta” de las Cortes de Castilla y León, tras las emitidas contra el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y el Complejo de Ocio “Meseta Ski” de Tordesillas (Valladolid), el Tribunal Constitucional ha dictaminado que dicha actuación ha vulnerado de nuevo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución, por dar rango de Ley a una disposición general anulada por sentencia firme, precisamente para evitar su control por parte de los ciudadanos y los Tribunales ordinarios. 

Así, el Tribunal Constitucional da la puntilla a un proyecto inmobiliario megalómano con 23 remontes, 71 pistas con 58 kilómetros de longitud, 12.000 plazas de aparcamiento, 14 kilómetros de carreteras, 25 kilómetros de líneas eléctricas, 352 cañones de nieve, 93.000 metros cúbicos de balsas de agua, 6.000 plazas hoteleras, mil viviendas secundarias, dos centros comerciales, dos palacios de deportes, dos clubs náuticos, 4 campos de golf, un centro hípico y otro de 4x4, promovido por un grupo empresarial encabezado por Eulen.

Impulsado con entusiasmo por el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la ex-Vicepresidenta de la Junta y hoy senadora popular María Jesús Ruiz, la estación de esquí de San Glorio, al igual que la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, es un caso de manual de especulación inmobiliaria en espacios naturales protegidos, caracterizado por prever su financiación con dinero público, aportando la Junta 50 millones de euros en infraestructuras, además de la tercera parte del capital de la sociedad promotora. 

De esta manera, Castilla y León se ha convertido en la Comunidad Autónoma que más legisla contra la Constitución, para favorecer los intereses económicos de grandes empresas privadas como ACS, Isolux Corsán o Eulen, rescatando mediante leyes “ad hoc” proyectos declarados ilegales por los Tribunales.

Como responsables directos del atropello a los derechos fundamentales, los ecologistas piden la dimisión del Presidente Juan Vicente Herrera, la senadora María Jesús Ruiz y los todavía portavoces de los grupos parlamentarios popular y socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández-Carriedo y Ana Redondo, que aprobaron conjuntamente la ley declarada inconstitucional, aprovechándose de la inmunidad parlamentaria para dictar a sabiendas una resolución injusta que ha sacrificado el interés general al interés particular de una empresa.  

En opinión de Ecologistas en Acción, no deberían seguir ni un día más como máximos responsables de unas instituciones acostumbradas a legislar al dictado de intereses económicos privados, vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, para incumplir las sentencias judiciales y especular con los espacios naturales.

La estación de esquí de San Glorio estaba proyectada en el interior de los Parques Naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, en Castilla y León, incluidos también en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y afectaba al ámbito de los planes de recuperación de dos especies emblemáticas de la fauna ibérica como son el oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas en peligro de extinción.