Al hilo de los últimos incendios forestales, el autor analiza la gestación de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León para concluir que, más que preservar el patrimonio natural, promueve nuevas agresiones, como la estación de esquí de San Glorio.

LOS pavorosos incendios forestales registrados en lo que va de verano a lo largo y a lo ancho de la geografía peninsular han puesto de relieve el desajuste estructural del Estado de las autonomías para combatir esta virulenta plaga medioambiental en España. Las trágicas consecuencias del incendio de Guadalajara han sacado a primer plano algo sobradamente conocido: la falta de suficientes mecanismos de coordinación de las comunidades autónomas entre sí, y entre ellas y la Administración central, la dispar normativa autonómica en la materia y, por descontado, la precariedad de medios disponibles para afrontar el problema.

Cierto que entre la Junta de Castilla y León y algunas -que no todas- comunidades limítrofes existen convenios o protocolos de colaboración contra los incendios forestales. Cierto que los recursos presupuestarios dedicados a este fin han ido incrementándose sustancialmente (en beneficio, eso sí, del sector privado), y supongo que los helicópteros contratados para este cometido no se utilizan ya para hacer más cómodos y rápidos los desplazamientos de altos cargos de la Junta.

Pero siendo todo eso cierto, la realidad hace innegable el fracaso del conjunto de las administraciones públicas en este campo. Seguramente porque, además de las insuficiencias y deficiencias ya apuntadas, no se da prioridad a lo fundamental: la prevención. Eso que tanto se ha repetido estas ultimas semanas de que los incendios del verano en realidad hay que evitarlos durante el invierno. Llegados a este punto, habría que decir que hablar de prioridades equivaldría a reconocer implícitamente la existencia de una política medioambiental en Castilla y León. Y una cosa es que exista una llamada Consejería de Medio Ambiente, y otra, que el Gobierno regional haya tenido alguna vez un verdadero programa político en esta materia. 

Un somero repaso a la propia historia de la Consejería de Medio Ambiente y a la sucesión de titulares que por ella han desfilado resulta de lo más esclarecedor. De entrada, hay que recordar que su creación obedeció a una redistribución de parcelas de poder motivada por la coalición de Gobierno pactada por José María Aznar con el CDS en el año 1989. Y un dato importante: en origen, fue de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es decir, competente en materia de Planeamiento Urbanístico. 

Una vez que el Partido Popular se sacudió de encima al CDS y Francisco Jambrina sustituyó al centrista José Luis Sagredo, la ''Ordenación del Territorio'' voló hacía la Consejería de Fomento, con la consiguiente pérdida de peso político e influencia. A partir de ahí, Medio Ambiente no ha conseguido superar el estatus de consejería ''maría'' de la Junta, repetidamente utilizada a su vez, tanto por Juan José Lucas como por Juan Vicente Herrera, como comodín en sucesivos reajustes del Gobierno regional.

PEDRO VICENTE/Periodista